México perdió el panel de resolución de controversias frente a Estados Unidos respecto a las restricciones impuestas por el gobierno mexicano a las importaciones de maíz transgénico estadounidense. Así lo informaron este viernes la Secretaría de Economía y la Oficina de Representación Comercial de la Casa Blanca (USTR).
Katherine Tai, representante de la USTR, explicó que el panel del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) falló a favor de Estados Unidos en los siete puntos legales presentados. Según el fallo, las medidas implementadas por México carecen de respaldo científico y afectan el acceso al mercado establecido en el acuerdo comercial.
“El fallo del panel reafirma las preocupaciones de larga data de Estados Unidos sobre las políticas biotecnológicas de México y su impacto perjudicial en las exportaciones agrícolas estadounidenses”, dijo Tai.
Según Katherine Tai, el fallo resalta la importancia de establecer políticas comerciales basadas en criterios científicos. Estas políticas permiten a los agricultores y productores agrícolas estadounidenses competir de manera justa, aprovechar la innovación para enfrentar el cambio climático y mejorar su productividad.
“Esperamos seguir colaborando con el gobierno mexicano para garantizar condiciones equitativas y facilitar el acceso a productos agrícolas seguros, asequibles y sostenibles en ambos lados de la frontera”, añadió Tai en un comunicado de prensa.
El panel emitió su informe final a las partes involucradas el 20 de diciembre de 2024. De acuerdo con las reglas del T-MEC, México dispone de 45 días a partir de esa fecha para cumplir con las conclusiones establecidas por el panel.
Entre enero y octubre de 2024, Estados Unidos exportó maíz a México por un valor de 4,800 millones de dólares, consolidándose como su principal mercado de exportación para este producto.
La disputa se centró en dos medidas incluidas en el decreto presidencial emitido por México en febrero de 2023 sobre el maíz: una prohibición inmediata del uso de maíz transgénico en la elaboración de masa y tortillas, así como una directriz para que las agencias gubernamentales mexicanas eliminen gradualmente el uso de maíz transgénico destinado a otros usos alimentarios y como alimento para animales.
Estados Unidos inició el proceso de resolución de disputas el 17 de agosto de 2023, bajo el Capítulo 31 del T-MEC, presentando seis reclamos legales en el marco del Capítulo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, y un reclamo adicional bajo el Capítulo de Trato Nacional y Acceso a los Mercados para Bienes. El panel falló a favor de Estados Unidos en los siete puntos planteados.
Entre las conclusiones del panel, se determinó que algunos aspectos del decreto sobre glifosato y maíz genéticamente modificado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de febrero de 2023, no son aplicables, ya que carecen de una evaluación de riesgos adecuada, evidencia científica fundamentada y alineación con normas internacionales pertinentes.
En un comunicado, la Secretaría de Economía expresó su desacuerdo con la decisión del Panel, argumentando que las medidas cuestionadas están en concordancia con los principios de protección a la salud pública y los derechos de los pueblos indígenas, consagrados en la legislación nacional y en los tratados internacionales que México ha firmado.
No obstante, el Gobierno de México acatará la decisión del Panel, reconociendo que el sistema de solución de controversias del T-MEC es esencial para el tratado, como quedó demostrado en el caso sobre las Reglas de Origen en el sector automotriz, que resultó favorable para el país.
“La administración mexicana reafirma su compromiso de proteger valores fundamentales como la salud, la moral pública, la conservación de los recursos naturales, la cultura nacional y los derechos de los pueblos indígenas, preocupaciones que el Panel reconoció como legítimas”, declaró la Secretaría de Economía.
México, por medio de la Secretaría de Economía, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y otras dependencias, continuará trabajando para defender los derechos de los ciudadanos en cumplimiento de sus compromisos internacionales.
